Para la CEPB es importante incrementar las inversiones en el sector productivo y en otras aéreas de le economía, y para ello los órganos del Estado tienen el deber de crear las condiciones favorables para la inversión privada, de lo contrario el costo social puede ser enorme, indicó el Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, en conferencia de medios de comunicación.
"Asumimos que el proyecto de Ley que introduce modificaciones al régimen aduanero y a la legislación tributaria vigente, constituye una señal positiva de una voluntad política en el Estado para encarar con firmeza la lucha contra el contrabando", señaló Sánchez.
Explicó que durante mucho tiempo, el sector empresarial reclamó la falta de voluntad política en los Poderes públicos para poner freno al flagelo del contrabando, motivo por el que la discusión del tema en la Asamblea Legislativa, mantiene a los empresarios con una expectativa positiva.
Sánchez señaló que en el sector productivo destacan básicamente, la tipificación como delitos tributarios de las violaciones a las normas tributarias vigentes y el endurecimiento de las sanciones y castigo a los culpables.
"Esto es lógico. Una de las razones que alienta al contrabando es que los delitos de contrabando no se castigan. Al menos no con la severidad que sería necesaria, para disuadir a que se siga incurriendo en los delitos. Como no hay castigos severos, los contrabandistas y los funcionarios públicos, que son sus cómplices, siguen actuando a plena luz del día, amparados en la impunidad. Esto tiene que terminarse", apuntó.
A decir del Presidente de la CEPB, no basta el endurecimiento de los castigos a los delitos, si estos quedan en papel. "Tan importante como una ley que defina mejor los delitos y contravenciones, es que los órganos de justicia apliquen correctamente las normas y actúen con prontitud y, sobretodo con idoneidad e imparcialidad. Necesitamos fiscales y jueces que no se corrompan y no caigan bajo la influencia de los mismos contrabandistas", remarcó.
En relación al costo social de la lucha contra el contrabando Sánchez explicó que es un tema que no puede ignorarse, sin embargo aseveró que por ello el Gobierno tiene que ser consciente de esta consecuencia y tiene la responsabilidad de tomar medidas para prevenir las secuelas, que eventualmente pueden traducirse en mayor desempleo e incluso en una situación extrema en conductas anti-sociales.
"Nadie quiere desempleo, y mucho menos los empresarios. El combate al contrabando tiene que ir de la mano de un gran esfuerzo nacional para aumentar el empleo y ofrecer otras oportunidades económicas a la gente. Y la única forma de hacerlo es producir más, es fortalecer nuestras industrias, es ampliar la capacidad de la economía formal para acoger a los miles de bolivianos que hoy están inmersos en las redes de la informalidad y de actividades ligadas de una u otra manera al contrabando u otros negocios ilícitos", dijo.
Agregó que la solución no está en no hacer nada y dejar que el flagelo del contrabando siga azotando la economía boliviana. "Pensamos más bien, que las soluciones las tenemos que buscar de otra manera: generando más producción y más puestos de trabajo en el sector formal, que es lo único que puede ofrecer mejores alternativas a las personas, además de contribuir con sus impuestos al sostenimiento de las políticas sociales del estado", finalizó.
"Asumimos que el proyecto de Ley que introduce modificaciones al régimen aduanero y a la legislación tributaria vigente, constituye una señal positiva de una voluntad política en el Estado para encarar con firmeza la lucha contra el contrabando", señaló Sánchez.
Explicó que durante mucho tiempo, el sector empresarial reclamó la falta de voluntad política en los Poderes públicos para poner freno al flagelo del contrabando, motivo por el que la discusión del tema en la Asamblea Legislativa, mantiene a los empresarios con una expectativa positiva.
Sánchez señaló que en el sector productivo destacan básicamente, la tipificación como delitos tributarios de las violaciones a las normas tributarias vigentes y el endurecimiento de las sanciones y castigo a los culpables.
"Esto es lógico. Una de las razones que alienta al contrabando es que los delitos de contrabando no se castigan. Al menos no con la severidad que sería necesaria, para disuadir a que se siga incurriendo en los delitos. Como no hay castigos severos, los contrabandistas y los funcionarios públicos, que son sus cómplices, siguen actuando a plena luz del día, amparados en la impunidad. Esto tiene que terminarse", apuntó.
A decir del Presidente de la CEPB, no basta el endurecimiento de los castigos a los delitos, si estos quedan en papel. "Tan importante como una ley que defina mejor los delitos y contravenciones, es que los órganos de justicia apliquen correctamente las normas y actúen con prontitud y, sobretodo con idoneidad e imparcialidad. Necesitamos fiscales y jueces que no se corrompan y no caigan bajo la influencia de los mismos contrabandistas", remarcó.
En relación al costo social de la lucha contra el contrabando Sánchez explicó que es un tema que no puede ignorarse, sin embargo aseveró que por ello el Gobierno tiene que ser consciente de esta consecuencia y tiene la responsabilidad de tomar medidas para prevenir las secuelas, que eventualmente pueden traducirse en mayor desempleo e incluso en una situación extrema en conductas anti-sociales.
"Nadie quiere desempleo, y mucho menos los empresarios. El combate al contrabando tiene que ir de la mano de un gran esfuerzo nacional para aumentar el empleo y ofrecer otras oportunidades económicas a la gente. Y la única forma de hacerlo es producir más, es fortalecer nuestras industrias, es ampliar la capacidad de la economía formal para acoger a los miles de bolivianos que hoy están inmersos en las redes de la informalidad y de actividades ligadas de una u otra manera al contrabando u otros negocios ilícitos", dijo.
Agregó que la solución no está en no hacer nada y dejar que el flagelo del contrabando siga azotando la economía boliviana. "Pensamos más bien, que las soluciones las tenemos que buscar de otra manera: generando más producción y más puestos de trabajo en el sector formal, que es lo único que puede ofrecer mejores alternativas a las personas, además de contribuir con sus impuestos al sostenimiento de las políticas sociales del estado", finalizó.
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